En un país tan diverso como el Perú, la investigación social es más que un ejercicio académico: es una herramienta esencial para comprender las realidades sociales, culturales y económicas que conviven en nuestro territorio. En las últimas décadas, la complejidad de los procesos migratorios, la urbanización acelerada y las nuevas formas de participación ciudadana han puesto de manifiesto la necesidad de contar con estudios rigurosos y actualizados.
La investigación social permite analizar fenómenos como la pobreza multidimensional, las desigualdades de género, los impactos de la migración, o la percepción ciudadana frente a la democracia y las instituciones. A través de metodologías cuantitativas y cualitativas, se generan datos que ayudan a comprender cómo viven, piensan y actúan los distintos grupos sociales.
En un contexto globalizado, los desafíos del Perú no pueden abordarse únicamente desde lo político o económico: requieren una mirada integral que ponga en el centro a las personas. Por ejemplo, entender cómo perciben las comunidades rurales un proyecto de infraestructura es tan importante como calcular su rentabilidad económica. De no hacerlo, los conflictos sociales y la desconfianza pueden poner en riesgo la viabilidad de cualquier iniciativa.
El aporte de los investigadores sociales se traduce en propuestas concretas para mejorar la educación, la salud, el empleo y el acceso a servicios básicos. A través de diagnósticos, encuestas, grupos focales y observación en campo, se construye evidencia que alimenta tanto a las políticas públicas como a las organizaciones privadas y de cooperación internacional.
Promover la cultura de la investigación social en universidades, gobiernos locales y sociedad civil no solo fortalece la democracia, sino que permite crear políticas y proyectos más justos, inclusivos y sostenibles. En ese sentido, la investigación social no es un lujo académico, sino una necesidad estratégica para el Perú contemporáneo.
